Texto elaborado por la periodista María Eliana Vega, en colaboración con el Archivo Histórico de Concepción, en septiembre de 2019.
Apenas ocurrido el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, de inmediato se produjeron las primeras detenciones de partidarios del gobierno del presidente Salvador Allende. En la Región del Bío-Bío, trabajadores, dirigentes sindicales y políticos, además de estudiantes, sufrieron las consecuencias de la fuerte represión que ya empezaba a dejar huellas.
El Estadio Regional, la Base Naval y la Isla Quiriquina fueron los principales centros de detención y tortura, a los que llegaron cientos de hombres y mujeres, adultos, jóvenes e, incluso niños, detenidos por militares, carabineros y marinos.
La gravedad de la situación motivó el surgimiento en Santiago del Comité de Cooperación para la Paz en Chile, el 6 octubre de 1973, iniciativa que en Concepción contó con el decidido apoyo del Arzobispo Manuel Sánchez Beguristain y que fue integrado por representantes de la Iglesia Católica, Evangélica Luterana, Evangélica Metodista, Ortodoxa, Pentecostal y la Comunidad Hebrea. Su objetivo era muy claro: «Atender a los chilenos que, a consecuencia de los últimos acontecimientos políticos, se encuentren en grave necesidad económica o personal».
Un informe de la Cruz Roja Internacional daba cuenta que, a octubre de 1973, había 589 detenidos en el Estadio Regional, de los cuales 44 eran mujeres. En la Isla Quiriquina, a la misma fecha, había 552 detenidos, incluyendo 33 mujeres. Mientras, en la Cárcel Pública de Concepción, a noviembre, había más de 70 detenidos y en la Base Naval de Talcahuano, al mismo mes, había 158. Así, a dos meses del golpe cívico militar, en la zona había un total de 1.372 personas detenidas y se anticipaba que la cifra seguiría aumentando.
Ya para entonces, se estaba evidenciando que muchos detenidos no aparecían y su paradero era negado por los organismos oficiales. Estábamos en presencia de los primeros casos de desaparición forzada por parte de organismos del Estado.
No sólo Concepción era golpeada por la represión. En zonas rurales y más apartadas, los hechos de violencia eran intensos y de enorme gravedad. Como fue la detención de 19 trabajadores de Ferrocarriles y de la Papelera Laja, entre el 13 y el 18 de septiembre de 1973, en Laja y San Rosendo, asesinados por carabineros y enterrados ilegalmente en una tumba clandestina del cementerio de Yumbel, de donde fueron exhumados en octubre de 1979.
Igual de dramática fue la detención y ejecución de 18 obreros agrícolas y forestales, ocurrida los días 5, 6 y 7 de octubre de 1973, en los fundos Carmen Maitenes, Pemehue y El Morro, en la comuna de Mulchén.
A medida que pasaban los meses y la dictadura se asentaba, la represión cundía. A los detenidos y torturados, se sumaron relegados, exonerados y exiliados.
Además, se instruyen más de 80 consejos de guerras, de los cuales dos se tradujeron en el fusilamiento de algunos de sus condenados. El primero, fue la ejecución de los militantes comunistas, Isidoro Carrillo Tornería, gerente de Enacar; Danilo González Mardones, alcalde de Lota; Vladimir Araneda Contreras, dirigente del Magisterio; y Bernabé Cabrera Ortiz, dirigente sindical, el 22 de octubre de 1973. El segundo fusilamiento, fue el de los jóvenes comunistas de Tomé, Irán Calzadilla Romero y Fernando Moscoso Moena, el 20 de diciembre de 1973.
La aparición de la DINA, en 1974 y tras su disolución, de la CNI en 1977, agravaron las violaciones a los derechos humanos.
En Concepción, la disolución del Comité Pro Paz -ordenada por Augusto Pinochet- llevó al arzobispo Manuel Sánchez a crear el Departamento de Servicio Social en 1976, organismo que siguió defendiendo y acogiendo a quienes sufrían represión. En 1983, se produce una nueva transformación y surge el Departamento Pastoral de Derechos Humanos, que continúa su tarea hasta 1991, cuando se cierra definitivamente.
A su amparo, los familiares de las víctimas se empiezan a organizar y surgen las agrupaciones: de familiares de detenidos desaparecidos, de presos políticos, de exiliados y de relegados, y se inician también las primeras acciones de protesta y denuncia callejera en plena dictadura.
Ya en la década de los ochenta, aparece el Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo, que toma su nombre del padre que la tarde del 11 noviembre de 1983, se inmolara a lo bonzo frente a la Catedral de Concepción, pidiendo conocer el paradero de sus hijos María y Galo, que habían sido detenidos por la CNI días antes.
Ese mismo año, el movimiento estudiantil empieza a recomponerse, con la elección de la primera directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Por el lado de los trabajadores, lentamente también se da vida a nuevas organizaciones como la Central Democrática de Trabajadores y la Coordinadora Sindical, que posteriormente se unen en el Comando de los Trabajadores.
Hitos como el proceso de Elecciones Libres, impulsado en Concepción por el Movimiento por las Elecciones Libres, los días 4 y 5 de septiembre de 1987, son parte de la historia reciente de nuestra zona, necesaria de conocer y valorar.
Varios de esos hechos y otros más, están registrados en fotografías, notas de prensa, documentos, declaraciones y libros, algunos de los cuales están a disposición de quien los desee consultar, en este minisitio.
Fuentes consultadas
• Paula Cisterna G., y María Eliana Vega S., Resistencia en blanco y negro. Memoria visual de los 80 en Concepción. Trama Impresores S.A, Concepción, 2016.
• Departamento Pastoral de Derechos Humanos Arzobispado de la Ssma. Concepción. Por la Sagrada Dignidad del hombre. 15 años en la defensa y promoción de los derechos humanos. Concepción, 1988.
• María Eliana Vega S., No hay dolor inútil. Concepción, 1999.
